Derechos humanos de Somalia - Historia

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Asesinatos: El conflicto durante el año que involucró al gobierno, las milicias, la AMISOM y al-Shabaab resultó en la muerte, lesiones y el desplazamiento de civiles. Las fuerzas estatales y federales mataron a civiles y cometieron violencia sexual y de género, especialmente en el Bajo Shabelle y sus alrededores. La violencia política basada en clanes incluyó asesinatos por venganza y ataques a asentamientos civiles. Los enfrentamientos entre las fuerzas de clanes y con al-Shabaab en Puntlandia y las regiones de Galmudug, Lower Shabelle, Middle Shabelle, Lower Juba, Baidoa e Hiiraan también provocaron muertes. Según las Naciones Unidas, los asesinatos cometidos por milicias de clanes aumentaron en comparación con años anteriores, probablemente como resultado del aumento de las tensiones tras los procesos de formación del Estado defectuosos.

Por ejemplo, en abril al menos tres personas murieron en enfrentamientos en Middle Shabelle cuando, según informes, un clan dominante intentó apoderarse de tierras en disputa por la fuerza.

Los civiles informaron que muchas residencias fueron incendiadas durante los combates, lo que provocó el desplazamiento de los residentes de la aldea. Algunas comunidades marginadas, en particular los somalíes Bantu / Jareerweyn, informaron que fueron víctimas de ataques sin recurso, ya que las administraciones regionales caracterizaron los incidentes como conflictos de clanes.

Somalilandia utilizó la fuerza militar para reprimir a los opositores al registro de votantes en las regiones en disputa (ver sección 1.a.).

Según informes de la UNSOM, entre enero y noviembre los ataques de las fuerzas de seguridad contra al-Shabaab, otros grupos o individuos armados y civiles resultaron en muertes de civiles, con bajas atribuidas al SNA (107 muertos, 115 heridos) y AMISOM (33 muertos, 60 heridos). herido). Al-Shabaab causó importantes bajas civiles, incluidas 880 muertos y 864 heridos, durante ese período.

Según informes de la UNSOM, durante el año se registraron 2.785 casos de víctimas civiles, incluidas violaciones.

En abril, se informó que las tropas de la AMISOM mataron a cinco civiles, incluidos tres niños, en la región del Bajo Shabelle después de que la explosión de una bomba tuviera como objetivo a las fuerzas de la AMISOM en la zona. Los funcionarios de la Unión Africana no habían emitido una declaración sobre el incidente a fines de año.

Al-Shabaab cometió asesinatos por motivos políticos contra civiles afiliados al gobierno y ataques contra empleados de ONG humanitarias, personal de la ONU y misiones diplomáticas. Al-Shabaab usó a menudo ataques suicidas, ataques con morteros y artefactos explosivos improvisados ​​(IED). También mató a destacados activistas por la paz, líderes comunitarios, ancianos de clanes, delegados electorales y sus familiares por su papel en la consolidación de la paz, y decapitó a personas acusadas de espiar y colaborar con las fuerzas nacionales somalíes y milicias afiliadas. Los asesinatos selectivos, en particular de delegados electorales y ancianos, trabajadores humanitarios y civiles, aumentaron en la primera mitad del año en comparación con años anteriores, al igual que los castigos violentos que incluyen amputaciones y lapidaciones.

Por ejemplo, el 25 de mayo, una delegada involucrada en el proceso electoral 2016-17 de Galmudug fue asesinada a tiros por asaltantes desconocidos en Mogadiscio. No se realizaron arrestos, pero las autoridades creían que al-Shabaab era el responsable. Este fue el 23º delegado asesinado desde las elecciones de febrero. También fueron asesinados un número adicional desconocido de ancianos que participaron en el proceso electoral.

El mismo día, dos comerciantes de khat en la aldea de Dirir-weyn entre las ciudades de Leego y Wanla-weyn en la región del Bajo Shabelle fueron secuestradas de sus hogares y decapitadas. Sus cabezas y cuerpos fueron encontrados en el camino a partir de entonces. No se arrestó a nadie, pero se sospechaba de hombres armados de al-Shabaab, ya que se sabía que el grupo tenía como objetivo a los comerciantes de khat que vendían a los soldados del gobierno.

En mayo, al-Shabaab mató a pedradas a un hombre por adulterio después de que una mujer afirmó que la había violado. El 6 de mayo, al-Shabaab decapitó públicamente a dos hombres, considerados soldados enemigos por el grupo militante, en la aldea de Quar’a Madobe. El 7 de junio, dos presuntos hombres armados de al-Shabaab mataron a la presidenta de la Asociación de Mujeres del distrito de Diinsoor en su casa en el estado del suroeste. El 11 de julio, presuntos hombres armados de al-Shabaab dispararon y mataron a un funcionario fiscal en Mogadiscio.

Secuestros: Al-Shabaab secuestraba con frecuencia a las tropas de la AMISOM durante los ataques. Por ejemplo, el gobierno de Uganda confirmó que siete soldados de la AMISOM de Uganda permanecían cautivos de un ataque de 2015 contra la base de la AMISOM en Janale. Un número indeterminado de tropas kenianas y otras tropas de la AMISOM permanecieron cautivas.

Al-Shabaab secuestró a 216 personas en la primera mitad del año y liberó a 127, según la UNSOM. Entre el 21 y el 24 de mayo, al-Shabaab secuestró a aproximadamente 70 personas, incluidas mujeres y niños, quemó numerosas casas y provocó que más de 15.000 personas huyeran de sus hogares durante las redadas en el Bajo Shabelle, según las Naciones Unidas. Algunos hombres que fueron secuestrados dijeron a grupos de derechos humanos que estuvieron retenidos en instalaciones provisionales en una ciudad controlada por al-Shabaab durante un máximo de tres semanas con escasez de agua y comida y sin oportunidad de impugnar su detención. Según testigos, un hombre murió deshidratado mientras estaba detenido. A los hombres no se les permitió rezar y no tenían acceso a agua para las abluciones. Según un informe de Human Rights Watch, al menos dos docenas fueron liberadas tras la intervención del clan, pero un número desconocido permaneció detenido.

Abuso físico, castigo y tortura: Las fuerzas gubernamentales, las milicias aliadas, los hombres uniformados y las tropas de la AMISOM utilizaron fuerza excesiva, incluida la tortura, y violaron a mujeres y niñas, incluidas las personas desplazadas internamente. Si bien el ejército arrestó a algunos miembros de las fuerzas de seguridad acusados ​​de tales abusos, la impunidad fue la norma.

Al-Shabaab también cometió violencia sexual, incluso a través de matrimonios forzados.

Las Naciones Unidas documentaron informes de una agresión sexual el 17 de abril contra una mujer de 21 años que fue golpeada y violada a punta de pistola por tres hombres uniformados en North Galkayo; se desconocía su afiliación. La policía abrió una investigación, pero no se realizaron arrestos.

Según el Servicio de Acción contra las Minas de la ONU, los artefactos explosivos improvisados ​​mataron a 152 personas e hirieron a 226 en la primera mitad del año, y los civiles constituyeron el 57 por ciento de las víctimas. Las regiones de Lower Shabelle y Banadir fueron las principales regiones afectadas por los artefactos explosivos improvisados.

Niños soldadoDurante el año hubo continuos informes sobre el uso de niños soldados por parte del SNA y las milicias aliadas, Ahlu Sunna Wal Jama (ASWJ) y al-Shabaab.

Los funcionarios de la ONU documentaron el reclutamiento y uso durante el año de 1.744 niños (1.679 niños, 65 niñas), incluso por parte de al-Shabaab (1.091), el SNA (169), la milicia del clan (415), el ASWJ (67) y otros elementos armados (dos). Hubo niños secuestrados: 584 por al-Shabaab y 15 por milicias del clan; se desconocían las cifras del SNA, AMISOM, AWSJ u otros elementos armados. Más de la mitad de los niños secuestrados por al-Shabaab fueron utilizados para aumentar su número antes de las operaciones conjuntas SNA / AMISOM, incluido el ataque de marzo en Puntlandia. El número de personas reclutadas durante el primer semestre del año fue igual al número total de personas reclutadas a lo largo de 2015, lo que demuestra un aumento en el reclutamiento de al-Shabaab. Los niños secuestrados por la AMISOM generalmente eran liberados ilesos en un par de días. El motivo de los secuestros sigue sin estar claro.

La ejecución del plan de acción del gobierno de 2012 con las Naciones Unidas para poner fin al reclutamiento y la utilización de niños por el ejército nacional seguía sin completarse.

La Dependencia de Protección del Niño (CPU) del SNA informó que llevó a cabo campañas de sensibilización en febrero durante visitas de inspección en Kismayo y Dhoble, Administración Provisional de Jubaland, y en Baidoa, Administración Provisional del Sudoeste en mayo sobre la importancia de prevenir el reclutamiento de niños en las fuerzas de seguridad. La CPU y los puntos focales regionales siguieron supervisando el SNA, lo que incluyó la realización de inspecciones del principal centro de capacitación del SNA en Mogadishu y varios lugares subnacionales de reclutamiento militar y pago de estipendios en Mogadishu, Baidoa, Kismayo y Dhoble. Durante la inspección de febrero de los centros de entrenamiento militar del SNA en Dhoble y Kismayo, se examinó a 1.670 soldados de la 43ª Brigada del SNA y 550 miembros de las Fuerzas de Seguridad de Jubaland, y se determinó que todos tenían al menos 18 años de edad. En mayo, la CPU examinó a 287 agentes de policía de una unidad de la Fuerza de Policía de Somalia en Berdale, Administración Provisional del Sudoeste. La CPU no identificó a ningún niño soldado durante el año, pero realizó varias entrevistas individuales e inspecciones médicas de personas que parecían ser menores de edad.

Debido a la ausencia de sistemas de registro de nacimientos, a menudo era difícil determinar la edad de los reclutas de las fuerzas de seguridad nacional.

Al-Shabaab siguió reclutando y obligando a niños a participar en hostilidades directas, incluidos ataques suicidas. Al-Shabaab allanó escuelas, madrazas y mezquitas para reclutar niños. Los niños de los campos de entrenamiento de al-Shabaab fueron sometidos a un entrenamiento físico agotador, una dieta inadecuada, entrenamiento con armas, castigo físico y entrenamiento religioso. La capacitación también incluyó obligar a los niños a castigar y ejecutar a otros niños. Al-Shabaab utilizó a niños en combate, incluso colocándolos frente a otros combatientes para que sirvieran como escudos humanos y terroristas suicidas. Además, al-Shabaab utilizó a niños en funciones de apoyo, como llevar municiones, agua y comida; removiendo a militantes heridos y muertos; recopilación de inteligencia; y sirviendo como guardias. La organización a veces utilizaba a niños para colocar bombas en las carreteras y otros artefactos explosivos. La prensa somalí informó con frecuencia de relatos de al-Shabaab adoctrinando a niños en las escuelas y reclutando a la fuerza a estudiantes en sus filas.

Las autoridades trasladaron a los niños separados de los grupos armados a UNICEF.

En marzo de 2016, las fuerzas gubernamentales de Puntlandia y Galkayo capturaron a 108 niños que luchaban junto a al-Shabaab en Puntlandia y Galkayo. De los 108 niños de Puntlandia, los soldados trasladaron a 70 a Mogadiscio para recibir apoyo de reintegración de una ONG apoyada por UNICEF. Aunque el presidente de Puntlandia expresó su compromiso de no ejecutar a ninguno de los 108 niños, 10 fueron condenados a muerte y 28 recibieron penas de prisión que van de los 10 a los 20 años, según la edad. El UNICEF siguió abogando por la reducción de las penas y el traslado de los 38 niños restantes para recibir apoyo en la integración. El 8 de abril, cinco de los muchachos fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Los familiares de los niños dijeron a grupos de derechos humanos que los niños confesaron solo después de haber sido sometidos a descargas eléctricas y quemados con cigarrillos en los genitales.

Consulte también el informe anual del Departamento de Estado. Informe sobre trata de personas en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Otro abuso relacionado con el conflicto: Grupos armados, en particular al-Shabaab, pero también fuerzas gubernamentales y milicias, restringieron deliberadamente el paso de suministros de socorro y otros artículos indispensables para la supervivencia de la población civil, así como el acceso de las organizaciones humanitarias, particularmente en las regiones del sur y central.

Los trabajadores humanitarios se enfrentaban regularmente a puestos de control, barricadas, extorsión, robos de vehículos y obstáculos burocráticos.

Las organizaciones humanitarias enfrentaron niveles crecientes de violencia durante la primera mitad del año, en comparación con el mismo período en 2016. El aumento se atribuyó principalmente a un aumento de los ataques selectivos contra organizaciones humanitarias por parte de actores armados no estatales y al aumento de la violencia en los lugares de distribución de ayuda. Entre enero y junio, más de 90 incidentes violentos afectaron al personal, las instalaciones y los activos humanitarios, lo que provocó la muerte de cuatro trabajadores humanitarios, nueve heridos, arrestos y detenciones temporales de seis y secuestro de 13. Siete trabajadores humanitarios fueron expulsados ​​de Somalia por las autoridades en el primer semestre del año. También hubo un aumento en el número de incidentes armados violentos asociados con la distribución de ayuda de socorro. A fines de agosto, casi 30 incidentes representaron la muerte de 32 civiles y lesiones a otros 38, la mayoría relacionados con la distribución de alimentos realizada por las autoridades locales.

Por ejemplo, el 29 de mayo, al menos cuatro civiles murieron cuando un soldado del SNA comenzó a disparar en un centro de alimentación en Mogadiscio.

Al-Shabaab confiscó suministros de socorro. El conflicto en los territorios en disputa de Sool y Sanaag, entre Somalilandia y Puntlandia, restringió el acceso humanitario. Las ONG informaron de incidentes de hostigamiento por parte de las autoridades locales tanto en Somalilandia como en Puntlandia.

Al-Shabaab restringió la atención médica, incluso impidiendo el viaje de civiles a otras áreas para recibir atención, destruyendo medicamentos proporcionados por agencias humanitarias y cerrando clínicas médicas.

Las organizaciones de ayuda internacional evacuaron a su personal o detuvieron la distribución de alimentos y otras actividades relacionadas con la ayuda en las áreas controladas por al-Shabaab debido a asesinatos, extorsión, amenazas, hostigamiento, expulsiones y prohibiciones de al-Shabaab.

Debido a los enfrentamientos entre al-Shabaab, AMISOM y el SNA; las restricciones al acceso humanitario y los impuestos sobre el ganado de al-Shabaab; y la falta de seguridad, muchos residentes en áreas controladas por al-Shabaab huyeron a campamentos de refugiados en Kenia y Etiopía y campamentos de desplazados internos en otras áreas del país. Las milicias del ASWJ y las fuerzas federales se enfrentaron durante todo el año, desplazando a la población civil.

El 27 de julio, al-Shabaab emitió una declaración en la que prohibía a los civiles de las zonas bajo su control recibir ayuda de organizaciones humanitarias y amenazaba con ejecutar como espía a cualquiera que contactara con las agencias de ayuda.


Somalia

Nuestros editores revisarán lo que ha enviado y determinarán si deben revisar el artículo.

Somalia, país más oriental de África, en el Cuerno de África. Se extiende desde el sur del Ecuador hacia el norte hasta el golfo de Adén y ocupa una posición geopolítica importante entre el África subsahariana y los países de Arabia y el suroeste de Asia. La capital, Mogadiscio, está ubicada al norte del Ecuador en el Océano Índico.

Somalia es un país de extremos geográficos. El clima es principalmente seco y caluroso, con paisajes de sabana de arbustos espinosos y semidesérticos, y los habitantes de Somalia han desarrollado estrategias de supervivencia económica igualmente exigentes. Aparte de una zona costera montañosa en el norte y varios valles fluviales pronunciados, la mayor parte del país es extremadamente plano, con pocas barreras naturales que restrinjan la movilidad de los nómadas y su ganado. El pueblo somalí son musulmanes de clanes, y alrededor de las tres quintas partes siguen una forma de vida móvil, persiguiendo el pastoreo nómada o el agropastoreo.

La República de Somalia se formó en 1960 por la federación de una antigua colonia italiana y un protectorado británico. Mohamed Siad Barre (Maxamed Siyaad Barre) mantuvo un gobierno dictatorial en el país desde octubre de 1969 hasta enero de 1991, cuando fue derrocado en una sangrienta guerra civil librada por guerrilleros de clanes. Después de la caída de Siad del poder, la guerra continuó y el país carecía de un gobierno centralizado eficaz, problemas que persistieron hasta el siglo XXI. Además, un gobierno de facto declaró la formación de una República independiente de Somalilandia en el norte en 1991. De manera similar, en 1998 la región autónoma de Puntlandia (el estado de Puntlandia de Somalia) se autoproclamó en el noreste.

Décadas de hostilidades civiles han destruido prácticamente la economía y la infraestructura de Somalia y han dividido el país en zonas bajo el dominio de diversas entidades. Cuando la tenue administración de transición de Somalia entregó el poder a un nuevo gobierno en 2012, la recién declarada República Federal de Somalia tenía un control limitado sobre el país. Sin embargo, existía la esperanza de que el nuevo gobierno marcara el comienzo de una nueva era, en la que se lograría la paz y los somalíes podrían concentrarse en reconstruir su país.

Somalia limita al norte con el golfo de Adén, al este con el océano Índico, al oeste con Kenia y Etiopía y al noroeste con Djibouti. La frontera occidental de Somalia fue determinada arbitrariamente por las potencias coloniales y divide las tierras tradicionalmente ocupadas por el pueblo somalí. Como resultado, las comunidades somalíes también se encuentran en Djibouti, Etiopía y Kenia, y la frontera sigue siendo una fuente de disputas.


Fondo

Las tensiones políticas se intensificaron a lo largo de 2018 y 2019. Las autoridades federales y regionales de Somalia, junto con sus socios internacionales, se centraron en la lucha contra Al-Shabaab y en la gestión de las elecciones, incluidas las elecciones presidenciales regionales del suroeste a finales de 2018, las elecciones parlamentarias y presidenciales de Puntlandia a principios de 2019 y elecciones parlamentarias y presidenciales de Jubaland en agosto de 2019. Las elecciones se vieron empañadas por luchas políticas internas y acusaciones de manipulación, y las autoridades amordazaron la libertad de expresión y reunión, en algunos casos utilizando fuerza excesiva que resultó en víctimas civiles.


ReliefWeb

Archivos adjuntos

Consejo de derechos humanos
Cuadragésima segunda sesión 9 y 27 de septiembre de 2019
Punto 10 del orden del día
Asistencia técnica y creación de capacidad

En el presente informe, el Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia, Bahame Tom Nyanduga, destaca la situación de los derechos humanos durante el año pasado y traza los desafíos y logros en cuanto a su disfrute y las medidas adoptadas para abordar los desafíos desde el establecimiento del mandato hace más de 25 años.

El Experto Independiente sostiene que Somalia ha registrado un progreso considerable en el establecimiento de condiciones para el disfrute de los derechos humanos con el apoyo de la comunidad internacional.
A pesar de los desafíos, incluidos los ataques terroristas, la inseguridad, las violaciones de los derechos humanos, la pobreza y los conflictos entre clanes, la transición del país a un Estado democrático está avanzando.
El Experto Independiente insta a la comunidad internacional a seguir apoyando a Somalia en esta etapa crítica y propone una serie de recomendaciones para una paz y una reconciliación duraderas.

I. Introducción

El informe del Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia,
Bahame Tom Nyanduga, se presenta de conformidad con la resolución 39/23 del Consejo de Derechos Humanos.
El Consejo le pidió que trabajara en estrecha colaboración con el Gobierno Federal de Somalia a nivel nacional y subnacional, así como con todos los órganos de las Naciones Unidas, incluida la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM), la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo. (IGAD), otras organizaciones internacionales pertinentes, la sociedad civil y todos los mecanismos de derechos humanos pertinentes, y para ayudar a Somalia, entre otras cosas, a cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. El Consejo también pidió al Experto Independiente que le informara en su cuadragésimo segundo período de sesiones y a la Asamblea General en su septuagésimo cuarto período de sesiones.

En el presente informe, el Experto Independiente evalúa la situación de los derechos humanos en Somalia durante el año pasado y examina los logros y desafíos desde el establecimiento del mandato hace más de 25 años.

A. Establecimiento del mandato

El mandato del Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia se estableció de conformidad con la resolución 1993/86 de la Comisión de Derechos Humanos (véase E / CN.4 / 1993/122).

En la resolución se pedía al Secretario General que nombrara un experto independiente para ayudar al Representante Especial del Secretario General para Somalia a elaborar un programa a largo plazo de servicios de asesoramiento para restablecer los derechos humanos y el estado de derecho en Somalia, incluida una constitución democrática , así como la celebración de elecciones periódicas y auténticas por sufragio universal y voto secreto (véase E / CN.4 / 1993/122).

En marzo de 1995, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la resolución 1995/56, en la que se exhortaba a todas las partes en el conflicto de Somalia a trabajar para encontrar una solución pacífica a la crisis. Pidió al Experto Independiente que estudiara formas de restablecer el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho, el fortalecimiento de la policía y los sistemas judicial y penitenciario en Somalia, y la mejor manera de implementar un programa de servicios de asesoramiento para Somalia.

El Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato del Experto Independiente en 20071 y los informes del mandato se han examinado en relación con el tema 10 del programa sobre asistencia técnica y creación de capacidad desde 2008 (véase A / HRC / 7/26).


Somalia: caída de Siad Barre y guerra civil

Durante casi tres décadas, el conflicto armado ha sido librado en el país por una variedad de grupos y continúa hasta el momento de escribir este artículo. Si bien la violencia ha sido aparentemente implacable, ha habido fases distintas y distinguibles, con atrocidades masivas que probablemente alcanzaron el umbral de 50.000 entre fines de 1988 y principios de 1989, y cayeron por debajo de los 5.000 por año durante dos años en 1994 y 1995. Violencia general dentro del período de atrocidades de seis años (1988-1993) probablemente resultó en la muerte de 50.000 a 100.000 civiles como resultado directo de la violencia u hostilidades.

Si bien Somalia es étnica, religiosa y lingüísticamente homogénea, la población del país está dividida en clanes que pueden llevar su linaje a un antepasado común. Durante el período colonial bajo Italia y Gran Bretaña, los clanes se convirtieron en una característica central de la administración estatal y la competencia política. Los administradores coloniales establecieron un sistema patrimonial de distribución de recursos, emplearon tácticas de dividir y gobernar a lo largo de las líneas de los clanes y se comprometieron en el castigo colectivo de los clanes. Todas estas tácticas se emplearían durante los períodos posteriores de violencia. [I] Somalia obtuvo la independencia después de un período de diez años bajo la administración fiduciaria de la ONU de 1950 a 1960. Las regiones del norte y del sur estaban unidas bajo una democracia multipartidista que duró de 1960 a 1960. 1969.

En 1969, un golpe de estado incruento resultó en la instalación del presidente Siad Barre. De 1969 a 1978, el régimen de Barre disfrutó de una relativa popularidad y apoyo financiero tanto de la Unión Soviética como de las instituciones occidentales. [Ii] Mientras proyectaba una imagen de Somalia como un estado constitucional a los actores internacionales, Barre cultivó un estado patrimonial que giraba cada vez más en torno al clan. [iii] Los paramilitares basados ​​en clanes fueron financiados y armados por el gobierno, una práctica que exacerbó las relaciones entre comunidades que anteriormente habían vivido de manera adyacente y se habían casado con pocos conflictos. [iv] En lugar de excluir por completo a clanes en particular, Barre recuperó ciertos subclanes, causando divisiones dentro de los clanes más grandes. [v] Durante este tiempo, el régimen aprobó leyes que otorgan al estado amplios poderes de detención y ejecución. Se fundaron varios paramilitares, milicias y agencias de seguridad, incluido el Servicio de Seguridad Nacional y Victory Pioneers. [Vi] Si bien hubo varios incidentes de violencia política, esto causó un número relativamente bajo de muertes de civiles, ni un solo incidente entre 1945 y 1975 parece haber causado más de 100 muertes de civiles. [vii]

El régimen de Barre se volvió cada vez más opresivo y violento desde finales de la década de 1970 hasta la de 1980, aunque las atrocidades masivas no comenzaron hasta más tarde. En 1977, Somalia entró en la guerra de Etiopía-Somalia u Ogaden con Etiopía. Después de varias victorias iniciales, la Unión Soviética retiró el apoyo de Somalia a favor de Etiopía, y Somalia perdió la guerra en 1978. [viii] El descontento con el régimen de Siad Barre comenzó a extenderse después de la derrota militar contra Etiopía. Siad Barre hizo ejecutar a 82 oficiales militares de alto nivel en territorio etíope por su oposición a la forma en que se manejó la guerra. El fracaso militar y la ejecución de oficiales militares provocaron un intento de golpe de Estado en 1978. A pesar de la participación de clanes algo diversa entre los líderes golpistas, Barre describió el golpe como orquestado por el clan Majeerteen. En un patrón similar al que se usaría más tarde contra el clan Isaak en 1988, Barre respondió purgando al gobierno y al ejército de Majeerteen y cometiendo asesinatos en represalia contra los miembros del clan civil Majeerteen que dejaron aproximadamente 2.000 muertos. [Ix]

La década de 1980 vio el surgimiento de movimientos armados de oposición, el más grande de los cuales fue el Movimiento Nacional Somalí (SNM), extraído principalmente de miembros del clan Isaak en el noroeste de Somalia, que se desarrolló en respuesta a la marginación y el abuso del estado, incluida la purga de Isaak de puestos de servicio civil, confiscación de negocios, arrestos, detenciones y violencia contra civiles de Isaak. [x] A lo largo de la década de 1980, el régimen de Siad Barre respondió a las milicias opositoras empleando medidas cada vez más violentas y restrictivas en varias poblaciones de clanes. A partir de 1982, el estado impuso toques de queda en ciertas áreas que fueron utilizados como pretexto para la detención y extorsión de civiles. La detención y el saqueo se convirtieron en una lucrativa fuente de financiación para las fuerzas estatales y los paramilitares, denominados "mercado de la carne". [Xi] El gobierno empleó Tribunales Militares Móviles (MMC) para combatir a los militantes de la oposición y sus poblaciones civiles asociadas. Los MMC eran procedimientos judiciales superficiales llevados a cabo por oficiales militares y seguidos casi de inmediato de ejecuciones. Aunque el objetivo generalizado y la aniquilación de la población de Isaak no comenzó hasta la ofensiva del SNM en 1988, un informe confidencial del general Morgan al presidente Barre que se filtró en febrero de 1987 reveló la intención del gobierno de "liquidar" el "problema de Isaak" mediante tácticas violentas. . [xii]

Atrocidades (1988-1991)

En 1988, el SNM recibió información de que estaban a punto de ser expulsados ​​de su base de operaciones en Etiopía a causa de un acuerdo de paz entre los gobiernos de Somalia y Etiopía. En respuesta, el 27 de mayo de 1988, el SNM lanzó un ataque repentino contra Burao, seguido de un ataque contra Hargeisa el 31 de mayo. El SNM se dispersó entre la población civil, algunos SNM en uniforme y otros en uniforme parcial o de civil. Estas tácticas probablemente resultaron en más bajas civiles de las necesarias, sin embargo, el gobierno respondió claramente al ataque del SNM con un programa intencionado de represalias contra los civiles de Isaak. [xiii] Compagnon estima que entre 15.000 y 20.000 civiles murieron directamente como consecuencia del bombardeo de Hargeisa y Burao. [xiv] El informe de Africa Watch, "Un gobierno en guerra con su propia gente" estimó que aproximadamente entre 50.000 y 60.000 personas murieron entre mayo de 1988 y principios de 1990. [xv] Si bien es poco probable que todas estas muertes sean civil, con una membresía de SNM estimada en sólo 10,000 [xvi], está claro que muchos civiles murieron, la gran mayoría de los cuales eran Isaak. Las muertes se produjeron mediante el bombardeo indiscriminado del gobierno de las ciudades de Hargeisa y Burao. Los civiles que huían de los combates fueron ametrallados por aviones del gobierno.

Aunque el mayor aumento de homicidios se produjo en mayo y agosto de 1988, el Ejército Nacional Somalí (SNA) del gobierno siguió atacando a la comunidad de Isaak durante muchos meses mediante redadas y ejecuciones masivas de civiles de Isaak a nivel de la ciudad. Otras tácticas del gobierno contra los civiles de Isaak incluyeron colocar minas terrestres alrededor de las ciudades, destruir puntos de agua, matar o saquear ganado, quemar aldeas y detenciones arbitrarias. Un informe de Robert Gersony, "Por qué huyen los somalíes", documentó muchas de estas tácticas y calculó que, entre mayo de 1988 y marzo de 1989, las Fuerzas Armadas de Somalia asesinaron deliberadamente a 5.000 issaks civiles desarmados, en ausencia de resistencia y en contextos que no presentaba ningún peligro inmediato para estas fuerzas ". En general, las bajas civiles eran ligeramente más propensas a ser hombres que mujeres. En particular, los hombres fueron objeto de ejecución y detención. [xvii]

Aunque la violencia de 1988 a 1990 fue en gran medida unilateral, las fuerzas del SNM también fueron responsables de las muertes de civiles, incluidas alrededor de 400 muertes que resultaron de los ataques a los campos de refugiados en la zona noroeste de Somalia que albergaban a personas de etnia somalí de Etiopía y de los cuales el gobierno había reclutado a miembros de las Fuerzas Armadas y de las milicias. Todos los ataques de SNM que resultaron en muertes de civiles ocurrieron en el período de mayo y agosto de 1988. Con aproximadamente 400.000-500.000 personas desplazadas del área noroeste de Somalia por las tácticas violentas del gobierno y menos Isaak dejó de atacar, la violencia del gobierno en el noroeste de Somalia disminuyó . [xviii]

El bombardeo de Hargeisa y Burao tuvo un alto costo para el régimen de Barre. No solo la lucha había sido costosa, sino que la salida de muchos miembros de la élite somalí, la retirada del vital apoyo estadounidense a Barre y la simpatía que el SNM atraía cada vez más de los países vecinos amenazaban al régimen de Barre. [xix] Con la sensación de que el régimen de Barre se estaba debilitando, surgieron varias milicias basadas en clanes para asegurar el control sobre sus respectivas áreas del país. El Congreso Unido de Somalia (USC) que representa al clan Hawiye en Somalia central surgió a finales de 1989. Desde el principio, la USC estuvo dividida por una facción "interna" que luchaba dentro de Somalia y una rama "externa" con sede en Italia. En 1990, los miembros del clan de Ogaden en el sur establecieron el Movimiento Patriótico Somalí (SPM). SNM retuvo algo de control en el noroeste y el Frente Democrático de Salvación de Somalia (SSDF) creado originalmente en 1978 pero revivido en 1989 estaba presente en el noreste.

El régimen de Barre siguió lanzando represalias selectivas contra la población civil a lo largo de 1990. La brigada presidencial de Siad Barre, los Boinas Rojas, fue responsable de ejecuciones de civiles en Mogadiscio y sus alrededores. En un incidente, los Boinas Rojas mataron a 100 civiles reunidos en un estadio. [xx] En otro incidente en Buli Burti, los Boinas Rojas mataron a cincuenta civiles desarmados (la mayoría eran lugareños prominentes como todos los funcionarios electos, los ancianos de los clanes y los líderes islámicos) en represalia por un ataque del USC contra las tropas de las SAF. [xxi] No obstante, el gobierno perdió terreno y, finalmente, retuvo el control de sólo aproximadamente entre el diez y el quince por ciento del territorio estatal. [xxii] A finales de 1990, la USC lanzó una ofensiva en Mogadiscio y el 27 de enero de 1991, Barre huyó de la capital.

La violencia continuó durante muchos años a partir de entonces, pero es poco probable que haya superado las 50.000 muertes causadas por un solo perpetrador, como caracteriza a los casos de este estudio. No obstante, a continuación, brindamos una descripción general de los eventos que siguieron.

Mientras Barre huía, la rama "externa" de la USC declaró presidente a Ali Mahdi Mohamed. La rama "interna" de la USC, dirigida por el general Mohamed Farah Aydeed, impugnó esta decisión, y la guerra civil entre las dos facciones envolvió Mogadiscio poco después de la partida de Barre [xxiii] con importantes bajas civiles como resultado del uso de artillería pesada dentro de los confines. de un entorno urbano densamente poblado. Si bien algunas de las muertes fueron indudablemente accidentales, Amnistía Internacional informa del bombardeo intencional de vecindarios que se sabe están asociados con facciones opuestas [xxiv] y Prunier describe una situación en la que se ejecutaba a presos y se disparaban ambulancias de manera rutinaria [xxv].

Si bien la violencia estalló en Mogadiscio, otras partes del país también se vieron envueltas en combates entre milicias basadas en clanes, ninguna de las cuales se refleja en los recuentos de muertes anteriores calculados para Mogadiscio. In 1992, both the USC and SNF committed atrocities against civilian populations in the Gedo region of Somalia. Amnesty International recorded the testimony of survivors, who described tactics that included massacres of up to thirty or forty people at a time, cutting off and burning of body parts with acid, and the widespread use of rape. [xxvi] The SNF under General Morgan and SPM under Colonel Omar Jess battled over the port area around Kismayo.

Kapteijns categorizes the violence used during this time as “clan cleansing as a tactic to capture the state.” [xxvii] Civilians were intentionally and brutally targeted, and sexual violence, which had not previously been a prominent feature of the violence in Somalia, became pervasive. [xxviii] Kaptejins cites a breakdown of law and order following the collapse of the Barre regime, the erosion of cultural scripts, and increased impunity as causes for the escalation in tactics. [xxix] She further describes deliberate targeting of Daarood as the USC gained ground. She writes:

… when Mogadishu passed into its hands, the leaders of the USC, followed by USC fighters and civilian supporters, adopted a politics that defined as mortal enemy all Somalis encompassed by the genealogical construct of Daarood, which also included the president. Although the vast majority of these individuals had not been associated with, or benefited from the regime—in many cases as little or even less than those now hunting them down—they were nevertheless targeted for elimination and expulsion not only in Mogadishu but also, over a period of two years, in central, south-central, and southern Somalia. This is the violence that is central to this study. It did not just represent violence against civilians based on clan, which is in itself not new in Somalia, but a shift to a new kind of collective, clan-based violence, namely that of clan cleansing, in a new political context and with a new dominant discourse (Kapteijns, 2).

Massive displacement and disruption of the livelihoods of agro-pastoral communities resulted in a famine beginning in 1992. Although famine deaths can be viewed as a direct result of violence, they are not included in the casualty numbers of this paper, which reflect only intentional deaths violently inflicted on the civilian population. Various ranges emerge to capture the number of deaths resulting from the famine. Hansch et al. estimate 250,000-300,000 [xxx] deaths while the International Committee of the Red Cross (ICRC) estimates 500,000 may have died. [xxxi] Famine in Somalia paved the way for an international military and humanitarian intervention in Somalia.

Joint U.S.-UN forces entered Somalia under the United Nations Task Force (UNITAF) banner in December of 1992. UNITAF was later transformed into UNOSOM and UNOSOM II. While inter-clan militia fighting continued during this period, new casualties arose from fighting between international forces and Somali militias. Newspaper reports from this period record anywhere from two to 357 Somali casualties as a result of clashes between international troops and Somali militias, although it is not always clear whether these deaths have been confirmed as entirely civilian. [xxxii] Civilian casualties and high numbers of civilians wounded by bullets appear to be the result of international military equipment such as the Cobra helicopter gunship. Human Rights Watch estimated that between December 1992 and October of 1993, at least 500 to 600 Somali civilians and combatants were killed, while 2,000 were wounded by U.S. or UNOSOM forces. [xxxiii] A December 8, 1993 New York Times article reported that the U.S. Special Envoy to Somalia and the Marine Corps General directing U.S. military operations there estimated 6,000 to 10,000 Somali fatalities occurred during the summer of 1993, either as a result of Somali factional fighting, or confrontations with UN Peacekeepers. General Zinni reported that he believed two-thirds were women and children used as shields by militia fighters in the fighting in Southern Somalia. The ICRC responded that the 10,000 figure seemed high, but that they believed several thousand to have been killed. [xxxiv]

Investigations into the actions of various UNITAF/ UNOSOM forces also revealed abuses against civilians. One investigation of Belgian forces revealed 58 cases of killing or injury to unarmed civilians, although the number of actual abusive killings may have been much larger than the inquiry suggests. [xxxv] Abuses committed by the Italian troops include the looting of displaced persons camps and rape. Malaysians also engaged in looting while Pakistanis and Nigerians indiscriminately fired on protesting crowds. [xxxvi] The United States adopted a practice of excessive force intended to achieve military victories with minimal loss of U.S. military lives. This policy, coupled with U.S. military technology in the urban Mogadishu environment led to breaches of the Geneva conventions and hundreds of civilian fatalities, including an attack on a hospital that led to at least two civilian casualties, and an attack on a mainly civilian political meeting of Aideed supporters, that resulted in 54 deaths, according the Red Cross (U.S. estimates where lower and Somali estimates were higher).

On September 9, 1993, a U.S. helicopter fired on an unarmed crowd killing roughly 60 civilians. Anywhere from 60 to 500 Somali deaths resulted from the October 3, 1993 “Black Hawk Down” incident. [xxxvii] After the “Black Hawk Down” incident, the United States declared a de facto truce with Gen. Aideed and the fighting diminished, and thereafter UNOSOM troops shifted their mission to a more defensive strategy, and as a result, civilian deaths caused by tensions between Somali and international troops dropped off. [xxxviii] UNOSOM forces were gradually withdrawn throughout 1994 and made a final exit in February of 1995. Before departing, some UNOSOM forces are reported to have sold military equipment to Somali militants, potentially causing an increase in the amount of heavy weapons on the ground. [xxxix]

By and large the casualty numbers for the period of mass atrocities in Somalia fail to distinguish clearly between civilian and militant deaths, and between deaths as a result of crossfire versus intentional killings. Among the better documented incidents are the Barre government offensive against the Isaak population, deaths in Mogadishu following the collapse of the Barre regime, and the subsequent inter-clan USC fighting. Very little information exists quantifying the loss of life that resulted from clan cleansing in semi-urban and rural areas after the flight of Barre.

Scholar Daniel Compagnon estimates that 15,000-20,000 civilians were killed directly from the bombing of Hargeisa and Burao that began in 1988.[xl] The Africa Watch report, “A Government at War with Its Own People” estimated that roughly 50,000 to 60,000 people were killed between May of 1988 and the beginning of 1990.[xli] The sustained and brutal targeting of civilians in the wake of these bombings was also corroborated by the Gersony Report. At the time of the bombing, Hargeisa had a population of 500,000, and the bombardment caused the destruction of 14,000 buildings and the damage of 12,000 more,[xlii] which reflects a destruction of 70% of the buildings.[xliii] Given the size the population and the level of destruction, the numbers presented by Compagnon and Africa Watch do not seem implausible.

The 1990 battle for Mogadishu resulted in high casualties. The US based NGO, Physicians for Human Rights, indicated that about 4,000 civilians may have died in the USC offensive on Mogadishu, [xliv] and up to 500 may have died in only a two day period during the height of the USC takeover. [xlv] These numbers are supported by Clodfelter who places the number of civilian casualties from 1990 to 1991 at 5,000. [xlvi]

Fighting between warlords continued to cause high numbers of civilian fatalities, even after Barre fled the country. Based on Mogadishu hospital records, Africa Watch estimated that the factional fighting between Aideed and Ali Mahdi’s USC factions caused 14,000 deaths between November 1991 and February 1992. [xlvii] Bradbury calculates that during all of 1991 and 1992, 25,000 people died in the factional fighting in Mogadishu. [xlviii]

The figures of 4,000 – 5,000 and 14,000 civilian casualties from the fighting within Mogadishu do not appear to overlap. They are collected from hospital reports and records at the time and appear reliable, particularly given the larger figure of 25,000 from Bradbury that encompasses a longer timeline from 1991 to 1992. Further, daily death tolls from this period are high with the United States Bureau of Citizenship and Immigration Services estimating deaths due to gunshot wounds in Mogadishu between August and September of 1991 at 70 to 100 per day.[xlix]

General Zini’s estimate of 6,000-10,000 deaths with two-thirds being civilian (an average of roughly 5,300 civilian deaths) in the summer of 1993 was not fully supported by the ICRC. However, given that no numbers are included to capture deaths as a result of semi-urban and rural clan cleansing, the inclusion of this higher statistic should result in unrealistic overall estimates.

Addition of lower estimates from the 1988 to 1993 period would result in a figure around 50,000 while compilation of the higher estimates reaches a figure of roughly 100,000 deaths.

This case study formally ends with the overthrow of Siad Barre in 1991.

In the mid 1990s, with killings and kidnapping of foreign nationals on the rise, the looting of World Food Program (WFP) stores in January 1995, and the withdrawal of international troops who had previously offered some protection to humanitarians, nearly all of the humanitarian assistance programs were suspended. With very few international organizations on the ground, there is little concrete data on civilian deaths in 1994 and 1995. Amnesty International, who continued reporting on Somalia in this period, documented intentional targeting and killing of hundreds of unarmed civilians as a result of the clan warfare.[l] No estimate of killings in this time period reaches into the thousands. It is difficult to know if the decrease in numbers is due to an actual drop-off in civilian deaths, or simply a lack of reporting and investigation into deaths. Despite a series of peace negotiations, some relatively successful local reconciliation programs, and some bilateral peace accords signed from 1993 to 1995, violence has not ended in Somalia.[li]

Prunier’s description of this period in Somalia is consistent with a lowering of casualties on account of violent parties reaching an acceptable stalemate. According to Prunier, the exit of international actors and armed forces deprived many factions of their economic bases. No single militant group possessed the strength or capability to overcome others and capture the state, but peace was not sought by these groups because the condition of statelessness and violence was beneficial to militias. Rather than pursue the re-establishment of a peaceful centralized Somali state, the militias pursued only enough stability as would allow them to conduct profitable business activities.[lii] The decline of mass civilian deaths is also correlated with the rise of the independent statelets of Somaliland (with Hargeisa as its capital) and Puntland.

We code this case as ending through defeat of Siad Barre. Violence continued thereafter, with many groups perpetrating atrocities, but it is not clear that any one surpassed the 50,000 fatality threshold for this study.

Trabajos citados

Africa Watch and Physicians for Human Rights. “No Mercy in Mogadishu: The Human Cost of the Conflict & The Struggle for Relief”. New York: Human Rights Watch, 1992. Available at: https://www.hrw.org/legacy/reports/1992/somalia/

Amnesty International. 1995. “Amnesty International Report 1995: Somalia,” 1 January.

Arnold, Guy. 2009. The A to Z of Civil Wars in Africa. Lanham: The Scarecrow Press, Inc.

Bakonyi, Jutta. 2009. “Moral Economies of Mass Violence: Somalia 1988-1991.”Civil Wars 11:4, 434 – 454.

Bradbury, Mark. 2008. Becoming Somaliland. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Campagnon, Daniel. 2013. “State-Sponsored Violence and Political Conflict Under Mahamed Siyad Barre: The Emergence of Path Dependent Patterns of Violence” in Patterns of Violence in Somalia. World Peace Foundation. Available at: http://fletcher.tufts.edu/

Clayton, Anthony. 1999. Frontiersmen: Warfare in Africa Since 1950, London: University College London.

Clodfelter, Micheal. 2002. Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Reference to Casualty and Other Figures, 1500-2000. Jefferson, NC: McFarland & Co.

Gersony, Robert. 1989. “Why Somalis Flee.” Report submitted to U.S. Department of State, Bureau for African Affairs. Available at: http://cja.org/downloads/Why%20Somalis%20Flee.pdf Accessed January 9, 2017.

Human Rights Watch. 1990. “Somalia: Human Rights Developments,” New York: Human Rights Watch. Available at: http://www.hrw.org/reports/1990/WR90/AFRICA.BOU-09.htm.

Interpeace. 2009. “The Search for Peace: A History of Mediation in Somalia Since 1988,” May. Available at: http://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2009/05/2009_Som_Interpeace_A_History_Of_Mediation_In_Somalila_Since_1988_EN.pdf Accessed January 9, 2017.

Kapteijns, Lidwien. 2013. Clan Cleansing in Somalia: The Ruinous Legacy of 1991. Prensa de la Universidad de Pennsylvania.

Laitin, David D. 2013. “Some Reflections on Lidwien Kapteijns (2013) Clan Cleansing in Somalia: The Ruinous Legacy of 1991 (Philadelphia: University of Philadelphia Press),” in Patterns of Violence in Somalia. World Peace Foundation. Available at: http://fletcher.tufts.edu/

Menkhaus, Ken. 2014. “Calm between the storms? Patterns of political violence in Somalia, 1950-1980.” Journal of Eastern African Studies, 8:4, 558 – 572.

Prunier, Gerard. 1996. “Somalia: Civil War, Intervention and Withdrawal 1990-1995,” Refugee Survey Quarterly 15:1, 35 – 85.

Simmons, Michael. 1989. “Somalis in ‘genocide bombing’: hundreds of thousands hit by raids, aid workers say.’ El guardián, January 7.

United States Bureau of Citizenship and Immigration Services. 1993. “Somalia: Things Fall Apart,” January. Available from http://www.refworld.org/docid/3ae6a607b.html.


Sección 5. Actitud gubernamental con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos

A number of local and international human rights groups operated in areas outside al-Shabaab-controlled territory, investigating and publishing their findings on human rights cases. Government officials were somewhat cooperative and responsive to their views. Security concerns constrained NGOs’ ability to operate in southern and central areas of the country. International and local NGOs generally worked without major restrictions in Puntland and Somaliland, although clan politics, localized violence, and perceived interference with traditional or religious customs sometimes curtailed NGO activity in these areas.

Authorities sometimes harassed or did not cooperate with NGOs, for example, by dismissing findings of official corruption. Harassment remained a problem in Somaliland.

In August 2018 the minister of planning tweeted the government would request all international NGOs to establish a physical presence, including senior leadership, in the country before January 1, 2019, or risk deregistration. As of April pressure from the FGS to meet these requirements had eased.

Órganos gubernamentales de derechos humanos: The provisional federal constitution calls for the formation of an independent national human rights commission and a truth and reconciliation commission within 45 days and 30 days, respectively, of the formation of the Council of Ministers in 2012, but these provisions have not been implemented. There was no formal government mechanism for tracking abuses.

Limited resources, inexperienced commissioners, and government bias restricted the effectiveness of the Somaliland Human Rights Commission and Puntland’s Human Rights Defender Office.


Freedom of Expression in Somalia: Still Not a Given

Mogadishu – Somalia has made progress in ensuring the right to freedom of expression but needs to do more to end the challenges that remain – including killings, beatings, harassment, arbitrary arrests and illegal detention, lack of due process or fair trial and the closure of media outlets – according to United Nations report published today. It provides an update on a broader human rights report carried out by UNSOM in 2016.

“Despite some efforts and progress in the legislative field, regrettably violations and abuses concerning the right to freedom of expression continued to be recorded,” the UN Secretary General’s Special Representative for Somalia, Michael Keating, said at the report’s launch in the Somali capital.

Entitled ‘The Precarious Enjoyment of Freedom of Expression in Somalia,’ the report by the UN Assistance Mission in Somalia (UNSOM), which Mr. Keating heads, covers the period from 1 August 2016 to 31 July 2018.

The new report notes that following advocacy of journalists and civil society, the Federal Government opened the national media law for revision to address journalists and other media workers’ concerns. It also notes that in response to advocacy efforts, the northern state of Puntland amended its media law with changes that broaden the enjoyment of the right to freedom of expression, while the southern state of Jubbaland has initiated a media law.

According to the report, during the period under review, eight journalists and media workers were killed and 32 injured, and 94 journalists and other media workers were arbitrarily arrested and/or subjected to prolonged detention on charges related to the exercise of freedom of expression. Al-Shabaab remained the main perpetrator of killings and injuries against journalists and other media workers.

Moreover, during the same time period, 19 media outlets (seven TV stations, five radio stations, five websites and two newspapers) were either closed by federal or member state authorities, suspended or blocked for broadcasting news, or alleged affiliation with Al-Shabaab, or dissemination of ‘false news’ considered to be endangering national security.

“Somalis cherish freedom of expression. It is an essential part of their culture. It is vital for all Somali citizens to be free to express their opinions, especially as the country prepares for the 2020-2021elections,” Special Representative Keating said. “For freedom of expression to become a reality, Somalia must guarantee independence of the media, bring media legislation in line with the provisional Federal Constitution and regional and international human rights standards, and repeal laws criminalizing the dissemination of ‘false news’.”

The report also notes that, while the number of journalists and other media workers killed decreased by 27 per cent compared to January 2014-August 2016, the number of people arrested and detained on charges related to the exercise of freedom of expression increased by 70 per cent. These included people who participated in demonstrations, politicians, supporters of political parties, bloggers and human rights defenders, poets, civil society activists, elders and citizens demonstrating in favour of Somali unity. The report attributes this spike in violations, which particularly impacted Somalilanders, to the November 2017 presidential elections, expressions of support for Somali unity, and the Tukaraq conflict between “Somaliland” and Puntland in May 2018.

The report’s recommendations include the swift implementation of measures to protect journalists and other media workers, the prosecution of alleged perpetrators of violations against media workers and political actors, and the establishment of the Somali Federal Human Rights Commission.


Freedom of expression in Somaliland

Censorship, harassment and prosecution of government critics and journalists, and attacks on media houses continued. In June, the Somaliland authorities arbitrarily closed the independent Universal TV and Star TV stations. The Minister of Information ordered local television cable providers to remove the two stations from their receivers and revoke their licences. Universal TV was targeted for allegedly failing to broadcast Independence Day celebrations and events as demanded by the authorities, and Star TV owners said they were targeted for airing reports and analysis on the condition of a detained former air force pilot, Fouad Youssouf Ali, in neighbouring Djibouti. In August, the Information Ministry issued arbitrary fines of SOS127,500,000 (US$15,000) and SOS42,500,000 (US$5,000) on Universal TV and Star TV respectively. Star TV paid the fine and resumed operations, but Universal TV remained closed as of mid-December.

In June, Abdimalik Muse Oldon, a journalist, was released from Hargeisa Central Prison after spending over a year in prison for criticizing the President on Facebook. He had been arrested and sentenced to three-and-a-half years in prison in 2019 and charged with “spreading anti-national propaganda” and “disseminating false news”. He was released following a presidential pardon.


Human Rights Watch World Report 1993 - Somalia

Somalia experienced the most tragic year in its modern history in 1992. Riven by conflict, devastated by famine, and ignored by most of the international community, Somalis living at home and as refugees have been undergoing traumatic suffering with apparently no end in sight.

The year began with intense fighting on the streets of Mogadishu between the forces of self-appointed Interim President Ali Mahdi and his rival, General Mohamed Farah Aidid. Both are members of the same Hawiye clan and of the same political party, the United Somali Congress (USC). The fighting, which broke out in November 1991, arose from a number of factors, including rivalryfor the position of President and the symbols of sovereignty that go with it (particularly money), sub-clan loyalty (President Mahdi's Abgal versus General Aidid's Habr Gidir), competition for the commercial exploitation of looted property, and the need for unpaid soldiers to steal in order to eat. The fighting saw an extraordinary level of indiscriminate brutality as all the weapons of the former dictator Mohamed Siad Barre's arsenal were deployed. Field artillery, anti-aircraft guns, heavy machine guns, mortars, the ubiquitous AK-47 and even air-to-air missiles mounted on jeeps were used in the cap ital of Mogadishu. Most were fired by untrained teenagers merely in the approximate direction of the "enemy." Residents referred to artillery rounds fired across the city as "to whom it may concern" shells, because of their wholly indiscriminate targeting. In addition, the breakdown of civil authority, the lack of legitimate employment and the scarcity of food led to a serious problem of freelance banditry, with looters and thieves displaying a near-total disregard for human life.

According to calculations made by Africa Watch and Physicians for Human Rights, 14,000 people were killed and 27,000 injured in Mogadishu between November 1991 and the end of February 1992. An unknown number were permanently disabled. Tens of thousands more were psychologically scarred and will suffer from post-traumatic stress disorder and varieties of pathological grief, not only because of the horrors they have suffered, but also because of the failure to observe traditional rituals to respect the dead.

The city's medical facilities were swamped. On the southern side, in General Aidid's area, four hospitals, staffed by Somali doctors and nurses who have not been paid since before the fall of Siad Barre in January 1991, worked extremely long hours, often without electricity and adequate clean water, and with few drugs, to tend the wounded. Week after week, the physicians were compelled to use triage, neglecting those who would almost certainly die to allow the possibility of caring for those who might survive. In the northern part of the city, controlled by Mahdi, there was no functioning hospital, but on the second day of the fighting, a group of Somali doctors came together and formed the Health Emergency Committee. They requisitioned a seafront villa to serve as an operating theater and casualty ward, and gradually requisitioned dozens of other houses to serve as post-operative wards. For several months, "Karaan Hospital," as this was known, was the only medical service available on the northern side of the city, until February, when the International Committee of the Red Cross (ICRC) opened an emergency hospital in a former prison just outside the city perimeter.

In March and April, the fighting in Mogadishu began to subside somewhat, although chronic insecurity remained. The lull followed the failure of a major attempt by the Aidid forces to overrun the Mahdi enclave at the end of February. It also coincided with the threat of a renewed offensive by the forces of the former dictator Siad Barre, the Somali National Front (SNF), composed mainly of Siad Barre's Marehan clan. General Aidid patched together a coalition of forces to confront the SNF, and succeeded in drivingit into Kenya in April and May. Aidid also defeated forces belonging to the Somali Patriotic Movement (SNM), consisting mainly of the Ogaden clan, and captured the southern port of Kismayo. The military campaign saw widespread abuses against civilians, including the selective killing of scores, possibly hundreds, of Marehan in the towns of Belet Hawa and Luuq.

The rout of the Siad Barre forces meant that the Bay, Gedo and Juba regions were accessible to journalists and relief workers for the first time (only the ICRC already had a presence there). What came to light was apocalyptic – a famine of perhaps unparalleled proportions. The farming populations of these regions had traditionally been disadvantaged in Somali society the Rahanweyn farmers had been considered second-class citizens, and the Bantu descendants of slaves living in the lower reaches of the Juba Valley had even lower social standing. Under Siad Barre, they had suffered a gradual erosion of their economic position, and in many cases, forcible confiscation of their land. They had few firearms and were easy targets for looters. There had been chronic war in these areas since late 1988, and the armies of Siad Barre, the SNM and the USC had crossed the region numerous times in 1989, 1990 and 1991, on each occasion looting as they went. The final straw was the 1 991-1992 occupation by the SNF, which had engaged in systematic and comprehensive looting of food, livestock, household possessions and even clothes. One relief worker reported that Rahanweyn women, robbed of even their clothes, were so destitute and demoralized that they would not leave their houses despite imminent starvation.

The Rahanweyn towns of Baidoa and Baardheere became the sites of some of the most appalling famine camps seen in Africa. Death rates reached extraordinary levels, and starvation was common. By the end of November, death rates were reportedly dropping in Baidoa but had risen sharply again in Baardheere, due to a new outbreak of fighting.

The final factor in the creation of famine has been the blockage of relief. In a destitute country, food is a vital resource which people are prepared to fight and kill for. Delivering food relief under these circumstances is a difficult and hazardous business. While no warlord will claim that he opposes humanitarian relief, few are prepared to allow it to be distributed in areas not under their control. The negotiations needed to ensure effective delivery and distribution have therefore been long and difficult. If one local warlord or clan believes that it has been left out, it may decide to claim its share by force. There is also always the chance of undisciplined soldiers or freelance bandits seizing the food to save themselves.

Along with the Rahanweyn and Bantu farmers, several other groups were severely hit by the famine. They included those displaced by the fighting, urban people who had lost all their possessions in the war or who had been reliant on trade, and Ethiopian refugees. The displaced were affected not only by hunger but also by epidemic disease brought on by overcrowded squatter camps and the lack of sanitation facilities and clean water.Nomadic cattle and camel herders from the powerful clans were less hard hit their herds remained intact and they possessed the firepower and political influence to protect themselves and lay claim to food resources.

Conflict and scarcity of food fed on each other in a vicious spiral. High food prices compelled soldiers to steal to eat. Food aid was the target for looters because it was a precious commodity. Merchants also hoarded food to drive the price up. Meanwhile, the fighting caused more food shortages and population displacement. Fortunately, these processes also operated in reverse. As food became more widely available (and, equally important, people began to have the confidence that it would remain readily available) prices came down and merchants released stored grain stocks onto the market. By the end of November, the cycle of famine feeding war seemed to have been broken in some parts of the country, allowing attention to turn to ensuring that the marketing system can be rebuilt and not damaged by food aid supplies.

In October, the security situation deteriorated sharply as Aidid's alliances began to unravel. His coalition of Hawiye, Rahanweyn and some Darod groups had lasted only a few months before beginning to come apart. The SNF, with support from the Kenyan army, launched a counter-offensive and succeeded in capturing the town of Baardheere. In Mogadishu, Aidid's power perceptibly weakened as freelance banditry increased, and speculation mounted that out of desperation he would resume full-scale war in the city.

The Somali National Movement (SNM), the Isaaq-dominated front controlling northwestern Somalia, unilaterally declared independence in May 1991, to create the Republic of Somaliland, an entity not recognized by any other country. During 1991, the Somaliland government of Abdel Rahman Tur appeared to be making progress in establishing peace and security, rebuilding the shattered infrastructure that had been destroyed in the war of 1988, and encouraging the return of the 400,000 refugees who had fled to Ethiopia.

Still, enormous problems faced the government: it had virtually no resources, and international assistance was slow in coming due to the lack of diplomatic recognition. Land mines were a major problem in both the towns and countryside, killing and injuring hundreds of people, but also blowing up livestock and discouraging the use of water-reservoirs, the lifeline of the largely nomadic population.

In January 1992, a battle between the fighters of two subclans of the Isaaq at Burao left over 150 dead, and forced tens of thousands to flee to the countryside. In late March, fierce fighting broke out in the port of Berbera, Somaliland's economic and commercial capital, and unrest spread to Sheikh and the city of Hargeisa, the political capital. Most civilians had to flee Berbera.

The Right to Monitor

As Somalia descended into complete anarchy and chaos, human rights monitoring as well as international relief efforts faced extremedangers. The threat of violence came not only from the various armed factions but also from freelance bandits and looters.

U.S. and U.N. Policy

Despite the enormity of the human rights disaster in Somalia, it did not receive the attention of the White House or the top echelons of the State Department until well into 1992. Officials at the State Department's Africa Bureau, including Assistant Secretary of State for African Affairs Herman Cohen, as well as Andrew Natsios and James Kunder of the Department's hard-working Bureau for Food and Humanitarian Assistance, were clearly concerned about the Somalia tragedy and pressed for a more active U.S. response. But they were largely ignored by the National Security Council and President Bush's political advisors, who sought to minimize foreign policy issues in the course of the U.S. presidential campaign throughout much of 1992. By year's end, the Bush administration had made Somalia a priority, but by that time the disaster had reached such cataclysmic proportions that options for dealing with it were limited.

The decade of generous U.S. support to the Siad Barre dictatorship – hundreds of millions of dollars in military and economic aid were provided throughout the 1980s – placed a special burden on the United States to respond quickly when the collapse of the regime predictably ushered in civil war and widespread famine. Rather, following assaults on the U.S. embassy in Mogadishu at the time of Siad Barre's ouster in January 1991 (necessitating a dramatic helicopter rescue of the ambassador and his staff) and the subsequent sacking of the embassy by insurgents, the U.S. presence in Somalia ended. For most of the next two years, U.S. involvement with Somalia was limited to providing generous humanitarian assistance to the few, superb humanitarian organizations working within the country – the International Committee of the Red Cross, Save the Children (U.K.), the International Medical Corps and the French Médecins Sans Frontières. U.S. aid to Somalia in fiscal year 1992 was composed of $26 million to support humanitarian organizations in Somalia, $51 million in food donations and $23 million to support refugee programs.

But humanitarian assistance alone was not enough. Although the relief groups pleaded for greater involvement in Somalia, the international community dithered and temporized for all of 1991 and half of 1992. The Bush administration largely avoided the issue of Somalia when U.S. leadership at the United Nations was most needed. In particular, the U.S. could and should have insisted that the United Nations play the role that was required of it by providing humanitarian assistance and assisting in the political reconciliation of the country in the months following Siad's departure in early 1991.

But the United Nations ignored Somalia in 1991. And despite the passage of three separate Security Council resolutions on Somalia in the first half of 1992, U.N. humanitarian agencies failed to implement the U.N.'s own relief program or to play thekind of leadership and coordination role with other groups that is expected of them in crises of this kind.

Indeed, there is some evidence that for months the United States actually held back U.N. efforts. Los New York Times reported on December 29, 1991 that "[s]enior Administration officials rejected the suggestion, made by some at the State Department, of putting Somalia onto the Security Council agenda at the United Nations." And when Somalia did first come up on the Security Council agenda on January 23, 1992 at the instigation of Cape Verde, the U.S. changed the text of the resolution to weaken its call for U.N. involvement in a political settlement of the conflict. The U.S. apparently also weakened a second resolution on Somalia considered by the Security Council in March. When questioned about the U.S. stance at hearings in April before the House Subcommittee on African Affairs, John Wolf of the State Department's International Organizations Bureau confirmed that the U.S. had pressed for a change in the resolution because of concern over the safety of a peacekeeping force. He added that "at the very senior level" of the Security Council there was "a lot of appreciation for the position the United States took."

The effect of the Bush administration's dithering at the U.N. was to signal that Somalia was not a priority. Absent another strong patron, Somalia remained an orphan until July 1992. The U.N. agencies continued to resist appeals by private relief groups to establish programs within the country, and famine and disease spread.

One bright spot in an otherwise dismal picture was the appointment by U.N. Secretary General Boutros Boutros-Ghali of special envoy Mahmoud Sahnoun on April 28. Sahnoun, an experienced Algerian diplomat, quickly became engaged in painstaking and comprehensive political negotiations with Somalia's warring parties, and demanded the immediate involvement of the U.N.'s humanitarian agencies. Although the response by these agencies to sluggish, Sahnoun nonetheless was able to provide badly needed leadership and coordination to relief efforts within Somalia. Officials of private humanitarian agencies working within Somalia are unanimous in their praise of Sahnoun's efforts.

However, the situation in Somalia worsened over the summer as tens of thousands died from hunger or disease. The civil war's disruption of crop planting, animal herding and market activity, the interference by armed bandits with relief efforts, and the continued severe drought were a deadly combination that claimed as many as 300,000 lives by mid-1992. In July, U.S. Senator Nancy Kassebaum helped to galvanize international attention to Somalia by undertaking a trip to the country. Until the senator's visit, not a single prominent official from any country had visited Somalia. Spurred by Kassebaum's example, by extraordinary press reports of the Somalia disaster, and by mounting criticism of U.S. inaction by members of the U.S. Congress, top Bush administration officials at last focused on the crisis in mid-August. On the eve of the Republican National Convention, the administration announced that it was commencing an airlift of supplies to Somalia.

The airlift, though hastily conceived and executed, was nonetheless an important and highly visible demonstration of U.S. interest in Somalia. It had an immediate effect on the creaking U.N. bureaucracy. Within a matter of weeks, the director of the United Nations Children's Fund (UNICEF), James Grant, and the U.N.'s humanitarian affairs coordinator, Jan Eliasson, made their first visit to the country and promised the kinds of large-scale programs that Sahnoun had been pleading for since May. In another important development, the State Department's Office of Foreign Disaster Assistance sent a team of relief experts to help coordinate the entire relief effort, in clear recognition of the U.N.'s neglect of this badly needed role. In addition, the team introduced important relief innovations, such as the revitalization of traditional Somali markets, in an effort to speed the provision of relief and bolster the authority of the country's clan elders and civilian infrastructur e. The U.S. also offered to transport U.N. troops that had been authorized to be deployed to protect relief efforts.

The heightened U.S. attention was welcome but many months too late: despite the new efforts, famine worsened in Somalia. The forced resignation of U.N. special envoy Sahnoun in October brought efforts at political reconciliation to a full stop, and the relief community was left demoralized and overwhelmed. Increased fighting in the area along the Kenyan border (exacerbated by Kenyan logistical support for one of the warring parties) disrupted relief supplies to very fragile communities of displaced people, and the death toll mounted. Many in the U.S. Congress and some in the humanitarian relief community appealed for a more vigorous response, and on November 25, Acting Secretary of State Lawrence Eagleburger notified the U.N. of the U.S. willingness to provide a battalion of troops (including up to 20,000 U.S. soldiers) to be employed as part of a multinational force to help protect relief supplies and officials.

The offer of U.S. troops to the United Nations appeared to be a recognition of the U.N.'s failure to employ its own forces successfully in Somalia. A force of 3,500 U.N. peacekeeping troops had been approved for Somalia in August but has yet to be fully deployed. By late November, only 500 of the U.N. troops were stationed in Mogadishu, with plans for the deployment of the additional 3,000 repeatedly deferred. According to press reports, President Bush decided to offer U.S. troops to the U.N. on the condition that they be incorporated into a broader multilateral effort under U.S. command with enough authority to carry out their mission.

As of November 30, the issue of an expanded international military presence in Somalia had not yet been resolved. President Bush's offer of troops heightened international attention to the crisis further, and clearly indicated that Somalia is now a top U.S. priority. The tragedy is that the magnitude of the crisis and the years of neglect by the U.S. and the international community have assured that even extraordinary efforts at this point may notsave millions of Somalis from death, or facilitate the rebuilding of Somalia's devastated society.

The Work of Africa Watch

The disaster in Somalia has been the highest priority of Africa Watch in 1992. Africa Watch has devoted unprecedented resources to the country, and achieved a significant impact on policy in the U.S. and at the U.N. As of November, Africa Watch had participated in 101 radio and television interviews on Somalia (92 of them after late July), published 19 articles in the press, and received innumerable mentions in the media. Africa Watch sent two missions to Somalia in 1992, one to Mogadishu in January and February, and one to the north in June and July.

For the first half of 1992, Africa Watch sought primarily to draw attention to the crisis in Somalia – both the scale of human rights abuses being committed and the need for a greater international response. Africa Watch produced two newsletters in February and March (the second jointly with Physicians for Human Rights) detailing the fighting in Mogadishu, including the armaments used, the military tactics, the number of casualties, the types of medical treatment available, the social and psychological impact, and the impending famine.

In Mogadishu, Africa Watch met with both President Mahdi and General Aidid and expressed outrage at the abuses being committed by both sides. Africa Watch told the two leaders that their aspirations to legitimacy had been destroyed by their flagrant disregard for human life, and predicted that they would remain international pariahs unless this barbaric behavior was halted immediately. Both leaders appeared somewhat taken aback by this frank criticism, which they were unused to. Africa Watch pressed both leaders for at least an artillery cease-fire and free passage with protection of humanitarian assistance.

Following the first mission to Somalia, Africa Watch had a series of meetings at the State Department and the U.S. Congress to encourage similar frank condemnations. We encouraged Senator Kassebaum to contemplate a visit to Mogadishu. Africa Watch also lobbied for a greatly expanded humanitarian effort in Somalia, both to relieve the famine and to remove one reason for fighting.

A second focus of Africa Watch's work has been to highlight the failure of the U.N. system. Africa Watch was highly critical of the bungled intervention of some U.N. officials, the negligence and indifference shown by the specialized agencies, the failure of the Security Council to pay adequate attention to the crisis, and of the Secretary General to implement the provisions of a Security Council resolutions relating to the deployment of the humanitarian protection force, and the forced resignation of Mohamed Sahnoun. Africa Watch stressed the lack of accountability within the U.N. system as a key reason for the organization's failure in Somalia. Starting in August, Africa Watch has called repeatedly for an independent public inquiry into the conduct of the U.N. in Somalia.

Africa Watch also criticized African leaders for failing to respond adequately to the Somali crisis. The principal Africanreaction has been to try to keep Somali refugees from entering their countries. No African leader has visited Somalia, and the only significant African diplomatic initiative was a mission by the Eritreans in January. The Arab and Islamic countries have also neglected Somalia.

After July, the international media belatedly focused on Somalia. Africa Watch was heavily involved in informing journalists about the nature of the crisis, and trying to correct some misconceptions about the origins of the famine and the role of the international community. Africa Watch argued that any international reaction that ignored the contribution of Somalis to the resolution of conflict and the relief of distress was likely to impair the chances for future recovery.

En agosto, Africa Watch visitó Yemen para investigar los abusos sufridos por los 60.000 refugiados somalíes allí, tanto en sus intentos de llegar a Yemen en barco como en el trato que les dieron las autoridades yemeníes a su llegada. Un documental de 30 minutos basado en el viaje se mostró en la televisión británica.

Africa Watch está trabajando en un informe sobre el impacto de las minas terrestres en el norte de Somalia.


Ver el vídeo: CEDHQ documental Qué son los Derechos Humanos?